Tratado de Ancón: 20 de octubre de 1883

El Tratado de Ancón, oficialmente Tratado de Paz y Amistad entre las repúblicas de Chile y del Perú, fue firmado por los representantes de Chile, Jovino Novoa Vidal, y el Perú, José Antonio de Lavalle, el 20 de octubre de 1883, en Lima, la capital peruana aunque fue elaborado en Ancón. El tratado dio fin a la Guerra del Pacífico y estabilizó las relaciones post-bélicas entre ellos.

De los 14 artículos del tratado, el primero reestablece la paz, en el segundo Perú cede a Chile perpetua e incondicionalmente el dominio sobre el departamento de Tarapacá y en el tercero determina la ocupación chilena durante el término de diez años de las provincias de Tacna y Arica. Expirado ese periodo, se organizaría un plebiscito para determinar la nacionalidad de éstas y otras concesiones. Los artículos cinco al doce determinan las obligaciones financieras y mercantiles que afectarán la explotación del guano y el salitre, las deudas peruanas, y las indemnizaciones a los ciudadanos chilenos expulsados del Perú. Los dos últimos artículos estipulan el reconocimiento de los actos administrativos y judiciales durante la ocupación y la ratificación del tratado mismo.

Las negociaciones ocurrieron durante la Guerra del Pacífico, mientras Lima estaba ocupada por el ejército chileno y fueron iniciadas y llevadas a fin por el gobierno peruano de Miguel Iglesias contra la oposición del gobierno peruano de Lizardo Montero que representaba una importante parte del espectro político peruano. Tras la batalla de Huamachuco, en agosto de 1883, y la huida de Montero a Bolivia, el líder militar de la oposición, Cáceres optó por reconocer el tratado como un hecho consumado.

Sin embargo, los acreedores europeos del Perú se opusieron al tratado y lograron una acción conjunta de los gobiernos de sus países contra el mismo, que no tuvo éxito ante la respuesta conjunta de Chile y Perú.

 

Contexto histórico:

Tras la ocupación de Lima por el ejército de Chile en enero de 1881, la guerra del Pacífico no encontró término sino que continuó desangrando ambos países y sumiendo al Perú en una guerra civil que por momentos pareció poner en peligro su existencia como nación. Aunque todos querían la paz, los beligerantes, sobre todo el Perú y Chile, no lograban acordar un tratado de paz. Bolivia tenía una actitud expectaticia, con la esperanza de recuperar los territorios ocupados por Chile en 1879.

En la medida en que se derramaba sangre y se consumían recursos, los costos de la guerra, se endurecían las condiciones de la paz. Si antes de la guerra la disputa era por los impuestos, tras la ocupación de Antofagasta, Chile no se allanó a desocuparla sin garantías como pedía la mediación peruana de José Antonio de Lavalle. Y tras la captura del Huáscar, en una oferta de mediación del ministro plenipotenciario de los Estados Unidos en Bolivia, Solomon Newton Pettis, Chile exigió la cesión de Antofagasta. Durante la conferencia de paz de Arica, en el USS Lackwanna, Chile exigió la cesión de Antofagasta y Tarapacá, más las garantías de que no sería amenazado por un tratado Peru-Bolivia.

 

Influencias e intereses:

En resumen se puede decir que el gobierno peruano de Iglesias negoció el tratado bajo fuertes presiones internas y externas:

  1. cada grupo de acreedores deseaban el pago prioritario y rápido por medio de los ingresos del guano y del salitre
  2. Chile exigía la cesión de Tarapacá y control al menos temporal de Tacna y Arica
  3. Cáceres y Montero se negaban a aceptar una cesión territorial y consideraban a Iglesias un traidor
  4. las tensiones sociales y étnicas en Perú aumentaban con la duración del estado de guerra
  5. la duración del gobierno de Iglesias era incierta, toda vez que los chilenos abandonaron Lima

Los negociadores peruanos escribieron al consejo de ministros al entregar el texto acordado: Aunque sus estipulaciones no son ciertamente aquellas a que nuestro patriotismo aspira son, sin embargo, las más ventajosas que pudieran obtenerse, dadas las condiciones en que se halla el Perú

A su vez Chile debía actuar rápidamente ya que

  1. enfrentaba una fuerte oposición internacional por mantener la ocupación del Perú
  2. los acreedores le acosaban por el pago de las deudas
  3. comenzaba a vislumbrar los problemas del tratado de 1881 con Argentina
  4. la ocupación tenía un costo humano considerable
  5. tenía aún por delante la solución del problema de la salida al mar de Bolivia

Bolivia no reconocía el gobierno de Miguel Iglesias y por lo tanto no participaba de las negociaciones a pesar de lo importante de la materia para el país del altiplano, ya que es la salida natural de Bolivia al mar.

Cabe consignar que en caso no lograrse un acuerdo, el gobierno de Chile hubiese, probablemente, retirado sus tropas hasta el río Sama y esperado a que la frontera internacional se consolidase allí o hubiese entregado una parte o toda la región a Bolivia.

 

Firma del tratado:

En diciembre de 1882 Miguel Iglesias fue elegido Presidente del Perú por una asamblea en el norte, el 18 de octubre de 1883 Chile reconoció al gobierno de Iglesias y dos días después se firmó el tratado en Lima. El Perú ratificó el tratado el 10 de marzo de 1884 y las ratificaciones fueron intercambiadas el 28 de marzo de 1884.

Junto al tratado se firmó un protocolo complementario que determinaba las condiciones en que quedaría la ocupación militar en el entretanto hasta su retiro: pago por Perú de $300.000 mensuales, abastecimiento desde Chile libre de gravámenes, dos hospitales exclusivos para soldados chilenos y el uso de telégrafos y ferrocarriles en condiciones análogas al gobierno del Perú. (Bulnes, III, 521)

Las cláusulas del tratado:

Los artículos 1°, 2°, 11°, 13° y 14° reestablecen la paz (art. 1) y las leyes mercantiles vigentes antes de la guerra (art. 11), ceden a Chile perpetua e incondicionalmente la provincia de Tarapacá (art. 2), reconocen la validez de los actos administrativos y judiciales chilenos ocurridos durante la ocupación militar del Perú (art. 13) y por último, ordenan el intercambio de ratificaciones del tratado antes de 160 días (art. 14).

El artículo 3° fue el más polémico y estipulaba que el territorio de las provincias de Arica y Tacna continuará poseído por Chile durante 10 años tras los cuales un plesbicito decidiría a que país querían pertenecer los habitantes. El país ganador debía pagar $10.000.000 al otro. El plesbicito no se realizó y el status quo permaneció hasta 1929 cuando Tacna fue devuelta al Perú y Arica quedó como territorio chileno. Según algunos historiadores chilenos (Bulnes III), el “espíritu” del artículo era una cesión encubierta (para salvar el honor del gobierno de Iglesias) de ambas provincias a Chile y destinadas a ser entregadas a Bolivia cuando se firmara la paz con el país del altiplano. Esta interpretación es negada por J. Basadre o por Cárlos Paz Soldan.

Los artículos 4° al 10° se ocupan de las consecuencias económicas del cambio de propiedad de los depósitos de guano y salitre. Chile debía destinar el 50% de las ganancias de la venta de guano desde depósitos ya conocidos al pago de la deuda peruana. Las ganancias obtenidas de depósitos desconocidos antes del tratado serían totalmente para Chile (art. 4), esto era válido para cualquier forma de contrato de venta (art. 7). Perú y Chile debían acordar precios y cantidades de venta para impedir una competencia dañina (art. 5), los acreedores debían hacer calificar sus títulos por las autoridades chilenas (art. 6) y no se reconocerían otros títulos de deuda (art. 8). Las Islas Lobos de Afuera quedarían bajo administración y explotación chilena mientras hubiesen depósitos de guano explotables y el 50% de las ganancias debían ser entregadas al Perú (art. 9 y 10).

El artículo 12° estableció tribunales arbitrales que determinaron las indemnizaciones a pagar a los ciudadanos chilenos expulsados de Perú cuyas bienes habían sido embargados al inicio de la guerra.

Consecuencias inmediatas del tratado:

Cáceres reconoció el tratado “como un hecho consumado” el 6 de junio de 1884 y se concentró en derrocar el gobierno de Iglesias iniciando la guerra civil de 1884-85. Los EE.UU. y el Imperio Alemán reconocieron el gobierno de Iglesias en abril de ese año.  El 3 de noviembre de 1883 Bolivia reconoció al gobierno de Iglesias.

El 15 de febrero de 1884 los gobiernos de Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Bélgica y España presentaron una nota de reclamo a los gobiernos de Chile y Perú en que protestaban por la cesión a Chile de depósitos de guano y de salitre que eran garantía de deudas contraídas por el estado peruano con los nacionales de los respectivos países. Perú y Chile respondieron que eran países soberanos que disponían sus tratados de acuerdo a sus intereses. El historiador chileno Mario Barros en “Historia diplomática de Chile” (pág. 472) sostiene que la negativa de EE.UU. y de Alemania a participar en el reclamo amagó la protesta e incluso hizo temer a los europeos consequencias si se aumentaba la presión sobre ambos países contratantes, aunque si tuvo largas consequencias en los tribunales.

En agosto de 1884, las tropas chilenas se replegaron hasta la línea del río Sama.

Otra de las consecuencias de la génesis del tratado fue la normativa estadounidense que prohíbe desde entonces a los diplomáticos de ese país cualquier relación de negocios en el país de su nombramiento.