Eso decía la prensa inglesa cuando las tropas invasoras desembarcaron en Antofagasta y se hicieron con el litoral boliviano. El siguiente es el editorial del diario londinense de aquel entonces «The Standard».
Benjamín Disraeli y Wiiliam Ewart Gladstone: ministros de relaciones exteriores británicos durante la guerra del guano y el salitre.
Las vagas noticias que el telégrafo nos ha comunicado recientemente de Sud-América y que anuncian un rompimiento de hostilidades entre Chile y Bolivia han continuado ejerciendo, como debía esperarse, una influencia depresiva en los bonos del gobierno de esta última república. Si un movimiento semejante no afecta los fondos públicos de Chile, la razón sencilla es que los tenedores en general no temen ya ningún cambio en su inversión, ya sea respecto al capital, ya a los intereses, fuera de lo que últimamente pueda resultar de la distribución de aquella porción del empréstito boliviano que permanece en manos de los banqueros ingleses mientras se determina el prolongado litigio sobre este asunto, que progresa visiblemente. Como los inquietos acreedores de Chile preguntan diariamente cuál es la causa de la actual ruptura, y las explicaciones hasta ahora publicadas no son mui satisfactorias, nos atrevemos a presentar una breve relación de los hechos sacada de una fuente de indisputable autoridad.
Al mismo tiempo, es sensible que la cuestión no ofrezca ningún aspecto consolador para los tenedores de Chile ni del Perú. Además, es muy posible que «el Perú, partidario declarado de Bolivia en la contienda actual, se vea envuelto tarde o temprano en la cuestión».
Hasta hace muy pocos años, Chile y Bolivia pretendían el territorio bañado por el Pacífico y entre los grados 23 y 25 de latitud sur. En 1866 algunos emprendedores ciudadanos chilenos, con gastos ingentes (Muy grande) y sumas penalidades, exploraron las estériles y despobladas regiones en disputa, y descubrieron grandes cantidades de salitre, del que se fabrica el nitrato de soda.
El mismo año, el territorio pasó al dominio de Bolivia por un tratado celebrado con Chile, basado el arreglo en la administración de la provincia por parte de Bolivia, debiendo ceder a Chile la mitad de las entradas que produjera.
En 1868 los descubridores chilenos obtuvieron del gobierno de Bolivia privilegio exclusivo para trabajar y exportar ciertos productos, incluyendo el nitrato de soda durante un término de quince años.
La concesión aseguraba que durante ese período no se impondría impuesto alguno a las importaciones ni a las exportaciones chilenas. En consideración a estos privilegios, los aventureros pagaron una cierta suma al Estado y emprendieron la ejecución de ciertas obras públicas. Se formó en consecuencia una compañía anónima para realizar las ventajas y cumplir las condiciones del tratado y gastaron muchos cientos de miles de pesos en llenar sus obligaciones para con el gobierno boliviano i en desarrollar su nueva industria.
A causa de una revolución en el país dos años después, el gobierno y el Congreso determinaron, sumariamente, sin presentar ninguna razón, anular los privilegios garantizados por sus predecesores, reservándose a sí mismos, sin embargo, la facultad de resolver las reclamaciones de naturales y extranjeros en condiciones más en armonía con su propia conveniencia.
Tras de una larga discusión entre la compañía chilena y el gobierno boliviano, se formó mutuamente un compromiso en 1873, en virtud del cual se abolía el privilegio exclusivo de la compañía para producir el salitre, mientras se restringía materialmente su derecho para monopolizar cualesquiera otros depósitos, no obstante la inmensa suma que habían gastado en minas en diversas partes del país. Las autoridades impusieron vejámenes y cargos de toda especie.
Los capitalistas chilenos asintieron, sin embargo, a los términos del compromiso, a pesar de sus onerosas condiciones, en la confianza de que quedarían libres de todo derecho de importación y de exportación durante quince años sobre todos los materiales que tuvieran relación con la manufactura del salitre. Concluido así el arreglo, fue debidamente decretado por el gobierno boliviano en 1873, y desde entonces hasta febrero de 1878, la compañía y las autoridades bolivianas permanecieron en amigables relaciones.
En ese intervalo, la compañía erigió factorías para la manufactura del salitre en grande escala y construyó ochenta y siete millas de ferrocarril para unir sus establecimientos en la costa con sus terrenos salitreros, gastando 600,000 libras esterlinas.
Entre tanto, la importancia adquirida por las localidades fundadas por las empresas chilenas, gracias al aumento de riqueza, y de población, excitó los celos de la República boliviana, y un reciente tratado fue acordado en 1874, por el cual Chile consentía en abandonar su participación en los derechos cobrados por Bolivia, bien entendido que «ni las personas ni las industrias y capitales de los ciudadanos chilenos serían nunca sometidos a impuesto de ninguna clase que excedieran a los existentes a la fecha del tratado».
Tal era la situación en febrero de 1878 cuando el Congreso boliviano aprobó una ley que declaraba que «el compromiso suscrito entre el Ejecutivo y la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta, en 27 de noviembre de 1873, es aprobado bajo la condición de que se imponga un derecho de diez centavos a lo menos por quintal de salitre exportado».
La compañía quedaba así a merced del Ejecutivo, los diversos arreglos ejecutados fueron hechos nulos en la práctica y la ley que acabamos de citar llegaba hasta confiscar las propiedades de la compañía.
Pero sucedió que la ley, además de infligir una injusticia a la Compañía Salitrera, contravenía al tratado de Bolivia con Chile. Durante ocho meses se hicieron inútiles esfuerzos en Santiago contra esa violación de un compromiso internacional al mismo tiempo que del derecho privado. El Gobierno boliviano no presentó argumento alguno en defensa de la conducta que había observado, y el 17 de diciembre último el gerente de la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta fue notificado de que todo embarque de salitre quedaba en lo futuro sometido a un derecho de diez centavos por quintal.
Se demandaba también la suma de 90,000 pesos por los embarques hechos con anterioridad a la comunicación oficial de la noticia.
Desde entonces quedó decretado un embargo de todas las propiedades de la compañía: como consecuencia a su negativa de acceder a las absurdas pretensiones de las autoridades bolivianas.
Conclusión:
La conclusión del asunto es que Chile ha enviado su Escuadra y desembarcado tropas en Antofagasta: y si Chile insiste en permanecer en ese puerto y tomar posesión del distrito que está inmediatamente situado, Bolivia sería incapaz de poner una resistencia efectiva.
Pero el más grave aspecto de la cuestión consiste quizá en la actitud del Perú. Parece que esta última nación ha alentado a Bolivia en su errónea conducta con el objeto de hallar un pretexto para tomar parte activa en la guerra con Chile.
La situación no es, pues, consoladora para los acreedores públicos de estos países.
Pero sean cuales fueren los méritos de la cuestión, no creemos exagerado sostener que Chile, en la conducta que ha observado, debe ser mirado como el protector del derecho público y de la propiedad privada.
Fuente:
Hildebrant en sus trece.
