Chile, el protector de la propiedad privada

Eso decía la prensa inglesa cuando las tropas invasoras desembarcaron en Antofagasta y se hicieron con el litoral boliviano. El siguiente es el editorial del diario londinense de aquel entonces “The Standard”.

 

Benjamín Disraeli y Wiiliam Ewart Gladstone: ministros de relaciones exteriores británicos durante la guerra del guano y el salitre.

Las vagas noticias que el te­légrafo nos ha comunicado recientemente de Sud-América y que anuncian un rompimiento de hostilidades entre Chile y Bolivia han continuado ejerciendo, como debía esperarse, una influencia depresiva en los bonos del gobier­no de esta última república. Si un movimiento semejante no afecta los fondos públicos de Chile, la razón sencilla es que los tenedo­res en general no temen ya ningún cambio en su inversión, ya sea respecto al capital, ya a los intereses, fuera de lo que últimamente pueda resultar de la distribución de aquella porción del emprés­tito boliviano que permanece en manos de los banqueros ingleses mientras se determina el pro­longado litigio sobre este asunto, que progresa visiblemente. Como los inquietos acreedores de Chile preguntan diariamente cuál es la causa de la actual ruptura, y las explicaciones hasta ahora publica­das no son mui satisfactorias, nos atrevemos a presentar una breve relación de los hechos sacada de una fuente de indisputable autori­dad.

Al mismo tiempo, es sensible que la cuestión no ofrezca ningún aspecto consolador para los tene­dores de Chile ni del Perú. Ade­más, es muy posible que  “el Perú, partidario declarado de Bolivia en la contienda actual, se vea envuel­to tarde o temprano en la cuestión”.

Hasta hace muy pocos años, Chile y Bolivia pretendían el te­rritorio bañado por el Pacífico y entre los grados 23 y 25 de latitud sur. En 1866 algu­nos emprendedores ciudadanos chilenos, con gastos ingentes (Muy grande) y sumas penalidades, exploraron las estériles y despobladas regiones en disputa, y descubrieron grandes cantidades de salitre, del que se fa­brica el nitrato de soda.

El mismo año, el territorio pasó al dominio de Bolivia por un tratado celebra­do con Chile, basado el arreglo en la administración de la provincia por parte de Bolivia, debiendo ce­der a Chile la mitad de las entra­das que produjera.

En 1868 los descubridores chilenos obtuvieron del gobier­no de Bolivia privilegio exclusivo para trabajar y exportar ciertos productos, incluyendo el nitrato de soda durante un término de quince años.

La concesión aseguraba que durante ese período no se impondría impuesto alguno a las importaciones ni a las exportaciones chilenas. En consideración a estos privilegios, los aventureros pagaron una cierta suma al Esta­do y emprendieron la ejecución de ciertas obras públicas. Se formó en consecuencia una compañía anónima para realizar las venta­jas y cumplir las condiciones del tratado y gastaron muchos cientos de miles de pesos en llenar sus obligaciones para con el gobierno boliviano i en desarrollar su nueva industria.

A causa de una revolución en el país dos años después, el gobier­no y el Congreso determinaron, sumariamente, sin presentar nin­guna razón, anular los privilegios garantizados por sus predeceso­res, reservándose a sí mismos, sin embargo, la facultad de resolver las reclamaciones de naturales y extranjeros en condiciones más en armonía con su propia convenien­cia.

Tras de una larga discusión entre la compañía chilena y el go­bierno boliviano, se formó mutua­mente un compromiso en 1873, en virtud del cual se abolía el privilegio exclusivo de la compañía para producir el salitre, mientras se restringía materialmente su dere­cho para monopolizar cualesquie­ra otros depósitos, no obstante la inmensa suma que habían gastado en minas en diversas partes del país. Las autoridades impusie­ron vejámenes y cargos de toda especie.

Los capitalistas chilenos asintieron, sin embargo, a los tér­minos del compromiso, a pesar de sus onerosas condiciones, en la confianza de que quedarían libres de todo derecho de importación y de exportación durante quince años sobre todos los materiales que tuvieran relación con la ma­nufactura del salitre. Concluido así el arreglo, fue debidamente de­cretado por el gobierno boliviano en 1873, y desde entonces hasta febrero de 1878, la compañía y las autoridades bolivianas permane­cieron en amigables relaciones.

En ese intervalo, la compañía erigió factorías para la manufac­tura del salitre en grande escala y construyó ochenta y siete millas de ferrocarril para unir sus estableci­mientos en la costa con sus terre­nos salitreros, gastando 600,000 libras esterlinas.

Entre tanto, la importancia adquirida por las localidades fun­dadas por las empresas chilenas, gracias al aumento de riqueza, y de población, excitó los celos de la República boliviana, y un reciente tratado fue acordado en 1874, por el cual Chile consentía en aban­donar su participación en los de­rechos cobrados por Bolivia, bien entendido que «ni las personas ni las industrias y capitales de los ciudadanos chilenos serían nunca sometidos a impuesto de ninguna clase que excedieran a los existen­tes a la fecha del tratado».

Tal era la situación en febrero de 1878 cuando el Congreso bo­liviano aprobó una ley que decla­raba que «el compromiso suscrito entre el Ejecutivo y la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagas­ta, en 27 de noviembre de 1873, es aprobado bajo la condición de que se imponga un derecho de diez centavos a lo menos por quintal de salitre exportado».

La compañía quedaba así a merced del Ejecutivo, los diversos arreglos ejecutados fueron hechos nulos en la práctica y la ley que aca­bamos de citar llegaba hasta confis­car las propiedades de la compañía.

Pero sucedió que la ley, además de infligir una injusticia a la Com­pañía Salitrera, contravenía al tra­tado de Bolivia con Chile. Durante ocho meses se hicieron inútiles esfuerzos en Santiago contra esa violación de un compromiso in­ternacional al mismo tiempo que del derecho privado. El Gobierno boliviano no presentó argumento alguno en defensa de la conduc­ta que había observado, y el 17 de diciembre último el gerente de la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta fue notificado de que todo embarque de salitre quedaba en lo futuro sometido a un derecho de diez centavos por quintal.

Se demandaba también la suma de 90,000 pesos por los embar­ques hechos con anterioridad a la comunicación oficial de la noticia.

Desde entonces quedó decreta­do un embargo de todas las pro­piedades de la compañía: como consecuencia a su negativa de ac­ceder a las absurdas pretensiones de las autoridades bolivianas.

Conclusión:

La conclusión del asunto es que Chile ha enviado su Escuadra y des­embarcado tropas en Antofagasta: y si Chile insiste en permanecer en ese puerto y tomar posesión del distrito que está inmediatamente situado, Bolivia sería incapaz de poner una resistencia efectiva.

Pero el más grave aspecto de la cuestión consiste quizá en la acti­tud del Perú. Parece que esta últi­ma nación ha alentado a Bolivia en su errónea conducta con el objeto de hallar un pretexto para tomar parte activa en la guerra con Chile.

La situación no es, pues, conso­ladora para los acreedores públi­cos de estos países.

Pero sean cuales fueren los mé­ritos de la cuestión, no creemos exagerado sostener que Chile, en la conducta que ha observado, debe ser mirado como el protector del derecho público y de la propiedad privada.

 

Fuente:

Hildebrant en sus trece.