Fue el tratado de paz que elaboró la entonces dirigencia política y social del Perú para terminar con la ocupación chilena de Lima, en los días finales de la ‘Guerra del Pacífico’ (1879-1883). Necesario para algunos, polémico y oneroso para otros, lo cierto es que fue el clímax de una situación bélica irrepetible para el país. En Huellas Digitales repasamos las circunstancias históricas que condicionaron este documento, hace ya 134 años.
Ocurrió el 20 de octubre de 1883, en el balneario de Ancón, a las afueras de Lima. En ese apacible lugar se terminó de redactar el documento, que llevaría el nombre oficial de ‘Tratado de Paz y Amistad entre las Repúblicas del Perú y Chile’.
Tenía 14 artículos y fue firmado por el diplomático peruano José Antonio de Lavalle, y su similar chileno, el embajador Jovino Novoa.
Novoa insistió, en una primera instancia, para que el Perú vendiera Tacna y Arica a Chile, a lo que se opuso rotundamente Lavalle. El representante peruano planteó, más bien, un plebiscito para ambas ciudades.
Con no poca ironía, el artículo 1 del tratado ordenaba: “Restablecense las relaciones de paz y amistad entre las repúblicas de Chile y Perú”. Una paz y amistad por decreto tal vez funcionaba bien para los políticos y diplomáticos de ambos países, pero no necesariamente para las familias afectadas o para los que combatían aún en la sierra peruana, como el caso del general Andrés A. Cáceres.
Puntos básicos del tratado
El tratado de Ancón se podía reducir a cuatro consecuencias básicas. La primera fue que el Perú perdió la provincia litoral de Tarapacá; la segunda, que el Perú cedió las provincias de Tacna y Arica por 10 años, estableciéndose que un plebiscito definiría si volverían o no al Perú.
La tercera consecuencia fue que el Perú perdió un millón de toneladas de guano, cuya ganancia quedó en manos del Gobierno de Chile y de algunos de nuestros acreedores; y, finalmente, la cuarta: El Perú recibiría solo el 50% del producto del guano de las islas de Lobos, solo cuando el tratado hubiese sido “ratificado y canjeado constitucionalmente”.
En cuanto a las relaciones mercantiles entre ambas naciones, si no había un convenio especial de por medio, se mantendrían en el mismo estado en que se hallaban antes del 5 de abril de 1879 (fecha del inicio de la guerra).
Como relata Basadre en su ‘Historia de la República del Perú (1822-1933)’ de 1939, este asunto de Tacna y Arica fue el que más controversia trajo a los ciudadanos peruanos, especialmente a los tacneños y ariqueños residentes en Lima, quienes nunca dejaron de sentirse parte del Perú, y protestaron en 1883 y 1884 por el plebiscito impuesto para sus provincias.
La verdad del polémico acuerdo
El tratado de Ancón, que firmó y apoyó el general Miguel Iglesias, fue ratificado por una Asamblea Constituyente, el 8 de marzo de 1884. Iglesias estaba en el poder ya desde el año anterior, y se mantendría en él hasta 1885.
Proveniente del norte peruano, Iglesias presionó decididamente para que la asamblea sancionara el documento de Ancón, sin mucho debate ni planteamientos alternativos a lo consagrado en él. Hubo honrosas excepciones de opositores, pero se impuso finalmente la mayoría. La Asamblea Constituyente, sin más que hacer, se disolvió en abril de 1884.
En un protocolo complementario del tratado, se estableció que mientras el Congreso peruano no se manifestara sobre el mismo, el Perú le pagaría mensualmente al ejército chileno de ocupación, nada menos que 300 mil soles en efectivo. Recién en agosto de 1884, las últimas tropas chilenas se retiraron definitivamente del país.
Los negociadores peruanos, encabezados por Lavalle, aseguraron al gobierno de Iglesias que se había hecho todo lo posible para obtener alguna ventaja, considerando las condiciones que vivía el país. Basadre indica que el mismo ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Iglesias, Eugenio Larrabure y Unanue, negó en la Asamblea Constituyente que se hubiese firmado el primer texto que se presentó, es decir, la primera versión chilena.
El historiador tacneño cita a Larrabure: “Las bases se discutieron con detención; se modificaron las del negociador de Chile hasta donde fue posible; y solo se suscribió el pacto ante el arraigado convencimiento de no poder obtener más concesiones”. No obstante ello, el mismo Larrabure no dejó de ser honesto al señalar que, pese al esfuerzo de los negociadores nacionales, “no se puede negar que sus conclusiones [del tratado] fueron, al cabo, impuestas más que acordadas”. Esa fue la realidad.
Por estas razones, muchos historiadores críticos consideran al general Iglesias y a sus aliados como ‘traidores a la patria’; aunque otros, más bien, toman en cuenta que una ocupación chilena más prolongada hubiese traído mayores pérdidas materiales y territoriales.
El post tratado de Ancón
Los días y meses posteriores a la firma del tratado fueron desmoralizantes. El estudioso Alfonso W. Quiroz, en su ‘Historia de la corrupción en el Perú’ (2013), dice que hubo una especie de involución, que “en forma parecida a los primeros días de la república, los caudillos militares luchaban entre sí por el poder, las finanzas públicas eran caóticas, no existía el crédito externo y la recaudación de las rentas públicas semejaba un saqueo bajo el disfraz de la causa nacional”.
Pero Iglesias no estaba solo en este trance clave para el país. Lo apoyaron gobiernos extranjeros, que buscaban tranquilizar las aguas del Pacífico; grandes compañías de armas, que proveyeron a las fuerzas de Iglesias de material bélico para acallar las protestas de sus rivales; así como también gozo de la complicidad de los principales jefes pierolistas, quienes luego serían sus ministros o funcionarios, cuenta Quiroz.
Esa sensación de derrota era lo que primaba en la sociedad peruana, incluyendo a sus élites. Se dice que el gobierno breve del general Iglesias -que reprimió la oposición de Cáceres- sirvió como un perfecto ‘chivo expiatorio’. Después de Ancón, Iglesias no podía tener futuro político, y se lo dio más bien a sus aliados, los pierolistas.
Tan acendrada quedó la idea de que el tratado de Ancón de 1883 era ya parte de la historia (pese a sus pocos años de vigencia), que ni el propio general Cáceres, ya en el poder por primera vez (1886-1890), lo recusó o intentó replantearlo.
Ciento treinta años han transcurrido desde que la desastrosa guerra con Chile terminó con un tratado que, en su momento, fue muy discutido y luego intocable. El acuerdo de 1883 nunca dejará de tener detractores y algunos apologistas, porque ese el destino de los hechos que se cometen en las peores circunstancias de un país.
Fuente:
elcomercio.pe