Clements Markham, como cualquier observador honesto, tuvo inmediata conciencia de que, detrás de la retórica de La Moneda, la codicia en su versión más ordinaria era lo que movía al gobierno de Aníbal Pinto, fiel intérprete de la sociedad chilena.
El texto a continuación… Está transcrito del libro de Markham:
En la extremidad meridional del Perú, la estéril faja de tierra que constituye su costa en el Pacífico y que corre entre este y los Andes forma la provincia de Tarapacá. Más al sur se extiende el desierto de Atacama, que estaba, comprendido entre los linderos del Alto Perú o la actual Bolivia. Al crearse esta república, resolviose que sus límites fuesen los del Alto Perú, en lo concerniente a la región de Atacama. Al parecer. Tarapacá y Atacama eran páramos inútiles. Fuera de las minas de plata de Guantajaya y de Santa Rosa, contiguas a Iquique en la provincia de Tarapacá, que a la sazón se conocían, considerábase tales territorios como de valor nulo.
América del Sur en 1810: La capitanía General de Chile terminaba por el norte en el Poposo.
Mas, al correr del tiempo, descubriose que esos desiertos abundaban en riquezas minera les; que tanto en Tarapacá como en Atacama había capas inagotables de nitrato de soda y de bórax; que en Atacama encontrábanse algunas de las más ricas minas de plata del orbe y que en los promontorios roqueros de la costa habíanse acumulado depósitos de guano.
De no haberse descubierto tales tesoros, jamás se habría disputado los derechos del Perú y de Bolivia a sus respectivos territorios. A raíz del descubrimiento, el capital chileno se aventuró en varias de las empresas que se lanzaron a explotar los productos de las pampas; a ellas acudieron trabajadores chilenos en cifra considerable; y el vecino, tan poderoso como artero, empezó a codiciar la nueva viña de Naboth.
La aduana de Arica con bandera peruana en 1976.
En breve, surgió la cuestión fatal de una disputa de límites. La verdad del caso es como sigue. Al declararse independientes las diversas repúblicas sudamericanas, fijaron los límites de sus respectivos territorios, de común acuerdo, con arreglo al uti possidetis (Posesión que procede conforme a Derecho) de 1810, vale decir que los límites que en aquella sazón separaban a las diversas colonias españolas, adoptáron-se para deslindar a las nuevas repúblicas. Según aquel principio, los linderos de la provincia boliviana de Atacama en la costa del Pacífico rayan, por un lado, con la extremidad meridional del Perú y, por el otro, con el extremo septentrional de Chile, linderos ambos que habían sido claramente definidos antes del citado año de 1810.
El límite peruano, que corresponde a la provincia de Tarapacá, principia en la costa, cerca de Tocopilla, a los 22° 33′ S y pasa sobre la quebrada del Duende hasta el río Loa. Fue cuidadosamente trazado en. 1628 y aún se conserva en documentos contemporáneos recuerdo de los hitos deslindatorios. El límite norte de Chile fijose en un lugar denominado El Paposo, a los 25° 2′ S.
En 1776, al crearse el virreinato de Buenos Aires, se dispuso que la provincia de Charcas se incorporase a aquel. Afirmose entonces que los límites de Charcas (la Bolivia de hoy) eran bien conocidos y estaban definidos en la ley 9° de la Recopilación de Indias.
Declarábase allí que la provincia costeña de Atacama se extendía hasta la primera localidad chilena habitada del Paposo, lindero que aparece asimismo en las descripciones oficiales hechas por el Dr. Cosme Bueno.
Consta también en el valioso mapa de Sud América de De la Rochette, publicado en 1807, que se basaba en autores auténticos peninsulares, incluso Malespina, y en el «Mapa de las fronteras del Reyno del Perú«,Además los chilenos aceptaron tácitamente aquel lindero.
En su mapa oficial, que ilustra la obra de Claudio Gay, Chile concluye en El Paposo. Después de la revista de Fitz Roy y al prepararse el derrotero marítimo, inquiriose en las autoridades chilenas acerca de la situación del lindero, y se colocó al sur de los 25° S.
En el mapa oficial de Bolivia (1859) del coronel Ondaza, se fija exactamente el mencionado límite en El Paposo. El mapa topográfico de Chile por Pissis se extiende sólo hasta Copiapó, a los 27°21′ S. Se ve, por consiguiente, que los límites entre Chile y Bolivia, según el uti possidetis de 1810, quedaban al sur de los 25° S, y que esto era reconocido, por implicancia, aun por parte de los propios chilenos. Fue sólo al descubrirse el inmenso valor del territorio de Atacama, cuando la cuestión se suscitó.Y Chile alegó derechos hasta el paralelo 23.
Hemos demostrado que sus límites quedaban al sur de los 25° S. Era, pues, una reclamación injustificable, y por ser tal, cuantos arreglos se basaron sobre ella fueron vicia-dos. El Gobierno boliviano hubo de ignorar los derechos del caso, porque parece que vio en el consentimiento de Chile, de aceptar el paralelo 24, una concesión; pero, en verdad, Chile carecía de derechos, como linderos, los mismos sobre el paralelo 24 S. que sobre el 23 S.
No obstante, el general Melgarejo, a la sazón presidente de Bolivia, condescendió en celebrar un tratado con Chile, en tal sentido, el io de agosto de 1866; pacto que, por lo demás, nunca fue ratificado por el Congreso boliviano. Chile accedió a retirar sus reclamaciones extremas y adoptar por linderos los 24° S.
Estipulose, además, que, en cambio de la pretensa concesión, Chile recibiría la mitad del importe de los derechos aduaneros sobre minerales exportados entre los paralelos 23 y 24, al paso que Bolivia gozaría de igual privilegio sobre el litoral comprendido entre los paralelos 25 y 24. Como el territorio íntegro en cuestión pertenecía por derecho a Bolivia, Chile hacía un negocio regularmente pingüe, máxime si se considera que los ricos yacimientos quedan al no-te de los 24° S.
La cuestión estaba ganada. Chile había logrado meter una cuña en el territorio boliviano, al adquirir en este derechos reconocidos, que casi estaba seguro que serían violados de un modo u otro. Como tal evento era muy probable, cabe afirmar que fue premeditado, pues capacitó a Chile para continuar una disputa que sólo podía conducir a algún principio de intervención activa, preliminar de anexión.
Que los derechos aduaneros de Chile no se pagaban; que los funcionarios bolivianos no rendían buenas cuentas: en suma, no fue difícil hallar pretextos de nuevos agravios. En 1870 se descubrieron las opulentas minas de plata de Caracoles al norte de los 24° S, cuyo puerto más contiguo es Antofagasta.
El Gobierno boliviano, a cambio de una suma de 10,000 dólares, concediolas a una compañía que debía explotar los de-pósitos de nitrato, construir un muelle en Antofagasta y abrir un camino a Caracoles, con abastecimientos de agua. Dicha compañía, en vez de un camino, construyó un ferrocarril y emprendió obras considerables para extraer el nitrato.
Esta Compañía de Antofagasta trabajaba con capitales inglés y chileno, tenía directorio inglés y empleaba operarios chilenos en gran número.
George Hicks, el inglés que dirigía la Compañía del Salitre de Antofagasta y que tanto hizo para que Chile conquistara ese territorio.
En tal situación, comenzó el año de 1873, en el que fue electo presidente de Bolivia, durante su ausencia en Europa, el coronel Adolfo Ballivián. Era estadista hábil y culto y estaba profundamente alarmado ante la compli-cación de las relaciones entre su país y Chile, previendo su objeto ostensible.
Tuvo ocasión de tratar el asunto con el entonces presidente del Perú, D. Manuel Pardo, al hallarse este de tránsito por Bolivia; y consecuencia de esa entrevista fue la celebración de un tratado entre ambas repúblicas, con el propósito de garantizarse la integridad de sus respectivos territorios. El pacto está fechado el 6 de febrero de 1873 y fue aprobado en el año siguiente por las Asambleas Nacionales del Perú y Bolivia.
El prefacio de aquel tratado declaraba que su objeto era la mutua garantía de la independencia, soberanía e integridad territorial de ambos países y su defensa contra toda agresión exterior. Cada parte contratante se reservaba el derecho de decidir si el peligro que amenazaba a la otra caía dentro del espíritu del tratado. Pero si llegaba a declararse el casus foederis, las obligaciones estipuladas debían cumplirse.
Disponíase enseguida que debían emplearse todos los medios conciliatorios para evitar la ruptura y, en especial, que había de buscarse un arreglo por el arbitraje de una tercera potencia.
Conveníase en que se solicitaría, en su oportunidad, la adhesión de los demás estados americanos a la alianza defensiva.
Un artículo adicional estatuía que el tratado se mantuviese secreto, mientras las partes con-tratantes no juzgasen necesaria su publicación. Se ha dicho después que ese artículo adicional fue cumplido eficazmente y que Chile ignoró la existencia del tratado hasta que rompió hostilidades con Bolivia, pero no fue así.
La República Argentina fue invitada oficialmente a adherirse al pacto, y el asunto se debatió en 1877 en el Senado de Buenos Aires, donde se informó el ministro chileno de la existencia del tratado. El ministro chileno en La Paz conoció su texto en 1874; activó negociaciones en consecuencia y aludió al mismo en una obra que publicó en Santiago en 1876.
Si el propio Chile se hubiera adherido generosamente a la alianza defensiva, no hubiera ensanchado sus límites por la violencia y la conquista; pero, en cambio, habría conservado su anterior reputación de potencia civilizadora y amante de la paz, títulos a que hoy no puede ya aspirar. Sus tachas al tratado sólo podían proceder de intenciones nada pacíficas ni civilizadoras.
El coronel Ballivián murió en febrero de 1874, y poco después el enviado chileno, D. Carlos Walker Martínez, que conocía el texto del «tratado secreto», comenzó, a urgir al Gobierno de Bolivia, a quien entonces representaban el Dr. Frías, como presidente, y D. Mariano Baptista, como ministro de Relaciones Exteriores, a que aceptase un nuevo arreglo.
Esta nueva negociación produjo un tratado, fechado en 6 de agosto de 1874, por el que Chile retiraba sus reclamos a la mitad de los derechos de exportación por puertos bolivianos; pero, en virtud del Artículo IV, todas las industrias chilenas establecidas en el litoral boliviano quedaban libres de contribuciones por espacio de veinticinco años, privilegio que se otorgaba «en consideración de concesiones hechas por Chile sobre diversos puntos de importancia«.
Lo que quería decir que Bolivia renunciaba a su derecho de imponer contribuciones en sus propios puertos, porque Chile consentía en retirar un reclamo sobre el territorio boliviano, infundado e injusto. El Congreso boliviano se negó a ratificar este tratado, que, por lo tanto, nunca tuvo fuerza obligatoria. Bolivia, en su aislamiento, buscaba justa y naturalmente en su riqueza minera algún incremento para sus rentas.
La Asamblea Nacional de Bolivia decretó el 14 de febrero de 1878 que aprobaría las concesiones hechas por el Ejecutivo a la Compañía de Antofagasta, a condición de que esta pagase al Fisco un impuesto de exportación de diez centavos por cada quintal de nitrato.
Tal impuesto conveníase en que era muy moderado y lo chileno, desde su ocupación, han fijado uno mayor. En diciembre de 1878 el gerente inglés de la Compañía de Antofagasta, Mr. George Hicks, fue notificado por el prefecto de la provincia para que pagase el impuesto que debía desde la promulgación de la ley. Mr. Hicks rehusó el pago y el prefecto ordenó que se sacase a remate bienes de la Compañía hasta don-de se necesitase para cubrir la suma debida.
Cabía plenamente argumentar que Mr. Hicks y su representada, la Compañía de Antofagasta, eran súbditos chilenos; que la injusta pretensión chilena sobre el territorio boliviano no invalidaba un convenio posterior procedente de aquella y que la negativa del Congreso boliviano a ratificar el Tratado de 1874 no afectaba su obligatoriedad.
De seguro nunca hubo disputa más obviamente sometible a arbitraje, si se hubiera deseado arreglo amistoso; mas no fue así. Sin previa declaración de guerra, el Gobierno chileno inició operaciones hostiles no bien tuvo noticias de lo ocurrido en Antofagasta, y se apoderó de los puertos bolivianos de Antofagasta, Cobija y Tocopilla, mientras su ejército invasor penetraba en Bolivia por adentro y la guerra empezaba con la sangrienta acción de Calama.
Entonces el Perú ofreció sus buenos oficios como mediador. Todavía Chile no había alegado pretexto alguno para declararle la guerra; pero buscó una coyuntura de agravio para suscitar el casus belli (motivo de guerra).
Veamos cuál fue ese agravio. Años atrás, el entonces presidente del Perú, D. Manuel Pardo, en su afán por aliviar las dificultades financieras de su país y apelando casi al último recurso, resolvió convertir los yacimientos salitreros de Tarapacá en monopolio fiscal. La ley que ordenó esto promulgose el 18 de enero de 1873 y debía entrar en vigencia dos meses después.
El Estado pagaría un precio fijo a los productores y había de ser el único exportador; pero tal medida resultó un error financiero, y, en consecuencia, una nueva ley, promulgada el 28 de mayo de 1875, autorizó al Estado a vender todas las oficinas salitreras. Esa legislación relativa a Tarapacá pudo ser imprudente y desventajosa para los capitalistas ingleses, chilenos y demás que habían empeñado su capital en las obras salitreras; mas no puede pretenderse que el Perú careció de derecho al dictada. No podía constituir justo pretexto para la guerra, aun cuando se la presenta como un agravio en las largas notas diplomáticas que periódicamente publica Chile, en descargo de su política agresiva.
Despojado de retórica y de motivos ficticios, el manifiesto publicado por el ministro de Relaciones Exteriores de Chile en defensa de la guerra, cuando ya estaba virtualmente terminada (21 de diciembre de 1881), encierra sólo ese cargo contra el Perú. Se queja de que el Perú hubiese impuesto en sus propios dominios un monopolio salitrero perjudicial a las perspectivas de los capitalistas y trabajadores chilenos; pero no puede pretenderse que el Perú carecía de derecho para dictar tal medida en su propio territorio, y, no obstante, el verboso y retórico manifiesto no da mayores razones ni aduce otra causa.
Es claro, pues, que la política adoptada por el Perú en lo referente a sus peculiares asuntos internos fue el único motivo verdadero de agravio y que constituyó justo pretexto para la guerra. Y es inevitable concluir que Chile la declaró a su vecino sin justa causa; por lo menos así lo ha confesado.
«El territorio salitrero de Tarapacá«, admite el ministro chileno, «fue la causa real y directa de la guerra«; por consiguiente, podemos agregar con razón, que la guerra fue injusta.
Sin ,embargo, la mediación ofrecida fue aceptada al punto, y D. José Antonio de Lavalle recibido en Santiago como Enviado Especial. Parece que el diplomático peruano ignoraba la existencia del Tratado de 1873 y hasta negó aquella al afirmarla el ministro chileno, si bien después recibió una copia; pero los chilenos, más astutos, habían tenido pleno conocimiento de ella, desde 1876 seguramente, si no desde 1874, y procuraron hacer cuestión capital de la ignorancia de Lavalle.
Los esfuerzos del enviado peruano se concretaron a la mediación. Chile había ya invadido el territorio boliviano y, ante tan seria contingencia, el Sr. Lavalle planteó las siguientes propuestas: la que Chile evacuase el puerto boliviano de Antofagasta mientras un árbitro zanjase la cuestión en litigio; 2° que una administración neutral se encargase del puerto y del territorio evacuados, bajo la garantía de las tres repúblicas; 3° que los derechos de aduana y demás rentas de dicho territorio se aplicasen en primer lugar a las necesidades de la administración local y el sobrante se dividiese por iguales partes entre Chile y Bolivia.
De haber deseado Chile la paz, la propuesta peruana era excelente base de negociaciones, pero Chile no la deseaba. Por el contrario, quería extender la guerra, buscando querella al Perú. El tratado defensivo sólo obligaba a este a hacer causa común con Bolivia, en caso de fallar el arbitraje y otras vías de solución pacífica. Chile se amañó para que no se intentasen y rechazó las propuestas del Sr. Lavalle. Planteó, en cambio, de-mandas que no se podían cumplir honrosamente.
El Perú debía abandonar toda preparación ofensiva; debía abolirse el Tratado de 1873 y declararse al punto la neutralidad. Ya todo dispuesto, el Gobierno chileno despidió al señor Lavalle y declaró la guerra al Perú el 5 de abril de 1879. Las notas oficiales y las declaraciones emanadas de ambas partes son muy contradictorias y difusas, pero los hechos hablan por sí mismos. Los motivos de la declaratoria de guerra fueron injustos e infundados.
Los propósitos de Chile fueron la conquista y la anexión; los del Perú y Bolivia, la defensa de su territorio nacional.
Tropas invasoras toman Antofagasta el 14 de febrero de 1879.
